La Justicia provincial adoptó una medida firme frente a un caso impulsado por padres antivacunas, luego de que una bebé salteña no recibiera las dosis obligatorias al momento de nacer. La intervención se dio tras una presentación del Ministerio Público Pupilar, que actuó para garantizar el derecho a la salud de la menor ante la negativa sostenida de sus progenitores a cumplir con el calendario oficial.
El conflicto se originó cuando la madre retiró a la recién nacida del área de Neonatología sin el alta médica correspondiente, debido a que no se le habían aplicado las vacunas esenciales. Pese a las advertencias del personal sanitario, la postura antivacunas del entorno familiar se mantuvo firme, lo que encendió las alertas en los organismos de protección de la infancia.
Ante la falta de respuesta de la madre a las citaciones formales, la Asesoría de Incapaces presentó un recurso de amparo para resguardar los derechos de la niña. En su presentación, se remarcó que las decisiones antivacunas de los adultos no pueden estar por encima del interés superior del niño, especialmente cuando se pone en riesgo su integridad física.
El juez interviniente resolvió hacer lugar al planteo y ordenó que se completara de inmediato el esquema de vacunación, en línea con la legislación vigente. El fallo se apoyó en normas nacionales e internacionales que obligan al Estado a intervenir cuando los padres incumplen deberes básicos, incluso en contextos de resistencia antivacunas.
Finalmente, la Asesoría confirmó que los padres acataron la orden judicial y presentaron el carnet con las vacunas aplicadas. Desde el ámbito judicial destacaron que este tipo de decisiones no solo protege a la niña, sino que también refuerza la importancia de la vacunación como política de salud pública frente al avance de posturas antivacunas que ponen en riesgo a toda la comunidad.
