La designación de representantes ante el Consejo de la Magistratura generó roces en la primera sesión ordinaria del año de la Cámara de Diputados por el cambio que dispuso el oficialismo del diputado renovador Baltasar Lara Gros, quien avisó que irá a la Justicia.
El oficialismo aprovechó la renuncia de Lucas Godoy para aplicar la chapa de mayoría y hacer cambios que capitalizaron la presencia de miembros propios ante el órgano de selección de magistrados.
A pesar de ser diputado nacional, Lucas Godoy seguía siendo representante de la Cámara baja provincial ante el Consejo de la Magistratura.
Los bloques alineados con el Gobierno provincial aprobaron una resolución para designar a la diputada Socorro Villamayor como representante titular en lugar de Godoy (h) y al diputado Javier Diez Villa como suplente en lugar de la diputada Emilia Figueroa.
Además, también designaron al diputado Gonzalo Caro Dávalos, del bloque Sáenz Conducción, y removieron del lugar al diputado renovador Baltasar Lara Gros.
Lara Gros venía ejerciendo la representación de la minoría pero en el texto de la designación de Caro Dávalos se consignó por la mayoría.
Este aspecto fue considerado por sectores de la oposición como una fuerte contradicción con la consigna que se impulsa desde el actual Gobierno provincial de respeto democrático a las minorías políticas.
Antes de pasar a la votación, la diputada Mónica Juárez pidió la palabra para dejar constancia de que el tema no fue informado y recién se estaban enterando de los cambios.
También el diputado olmedista Carlos Zapata expresó el rechazo a la decisión del oficialismo e hizo notar que el argumento para tratar la resolución, en base a un artículo del reglamento interno, no tiene nada que ver con el Consejo de la Magistratura.
A su turno, el diputado Lara Gros aclaró que no estaba en contra de las personas que se estaban designando, pero se mostró en total desacuerdo con las formas.
En esta línea, tras subrayar que la ley establece que los consejeros que son designados para el Consejo de la Magistratura duran cuatro años, puntualizó que no renunció y que sigue siendo diputado.
Asimismo, hizo conocer a sus pares que si bien pensaba en renunciar, no primó el diálogo ni la participación por parte del sector que manda en la Cámara baja. "He sabido reconocer las mayorías, no formo parte del Gobierno actual, pero siempre prioricé el diálogo; realmente llama la atención, nunca me han hablado del tema", señaló, a la vez que consideró a su situación como "totalmente ilegal y se tendrá que definir en la justicia", sostuvo.
Consideró que su desplazamiento está fuera de lugar, fuera de la ley, y puntualizó que "es lamentable que sucedan estas cosas en esta provincia y en esta Cámara de Diputados por falta de diálogo".
El radical Matías Monteagudo también cuestionó las formas y consideró que los canales de comunicación del cuerpo no están acertados, se solidarizó con Lara Gros y voto en contra.
También votó en contra el diputado Luis Albeza por entender que existe "arbitrariedad" en cuanto a las designaciones y remarcó que "el ejercicio de la democracia no es imponer la mayoría, sino dialogar con todos los sectores".
A su turno, la macrista Gladys Moisés expresó su preocupación porque en el cuerpo "no se guarden las formas mínimas, no se respete a los pares y se decida el cambio de Lara Gros sin que exista ninguna causal para esa medida".
La defensa del oficialismo estuvo a cargo de Diez Villa, quien pidió aclarar sobre la supuesta ilegalidad que se estaba planteando.
"Se ajusta en todo a lo que establece la Constitución provincial y la ley y lo que se pretende con este cambio es que refleje la composición de la cámara; es una cuestión que tiene estricto sentido político porque cuando la constitución habla de mayorías y minorías se refiere a cuál es la composición política del cuerpo legislativo", justificó.
Finalmente, los cambios se aprobaron con 7 votos en contra y quedó flotando en el aire el aviso que hizo Lara Gros de llevar el tema a la justicia en función de que el artículo constitucional 150 determina que "los miembros del Consejo de la Magistratura duran cuatro años en sus funciones no pudiendo ser reelectos en for- ma inmediata".
