El Ministerio de Salud de Salta intensificó su reclamo a las obras sociales para que abonen los servicios brindados a sus afiliados en el sistema público de salud, tras reglamentar la ley de recupero de costos. El ministro Federico Mangione confirmó que el déficit sanitario provincial supera los $60.000 millones anuales, y advirtió que se aplicarán sanciones a las prestadoras que incumplan, incluidas acciones judiciales.
En este sentido, Mangione reveló que OSPRERA —la obra social de trabajadores rurales intervenida por Nación— respondió con una carta documento pidiendo que "no le intimiden" luego de recibir el reclamo formal. "Algunas derivan masivamente a sus afiliados a hospitales públicos sin cubrir los costos, saturando el sistema", criticó.
La norma, basada en el principio "igual prestación, igual remuneración", busca equilibrar las finanzas sanitarias. El gobierno provincial descartó negociar los montos: "No hay margen: deben pagar los valores establecidos", afirmó el ministro.
La medida afecta especialmente a obras sociales con deudas históricas, en un contexto donde el 85% de las prestaciones a afiliados se realizan en hospitales públicos.
Según datos oficiales, solo el 15% de estos costos eran cubiertos previamente por las obras sociales.
