El Gobierno de Salta ha dado un paso firme en su política de control del ausentismo docente, al ratificar la cesantía de más de cien educadores que acumularon faltas injustificadas durante el año 2023. La decisión, que ha generado un fuerte debate en el ámbito educativo, se basa en el incumplimiento de las normas laborales y en la necesidad de garantizar la calidad del servicio educativo.
La medida, que afecta a docentes de distintos niveles y modalidades, se fundamenta en el Decreto Nº 264, que rechaza los recursos de reconsideración presentados por los agentes sancionados. El Gobierno provincial argumentó que las faltas injustificadas perjudican el aprendizaje de los alumnos y generan un impacto negativo en el sistema educativo en su conjunto.
La decisión ha sido cuestionada por algunos sectores gremiales y políticos, que denuncian una persecución ideológica y una falta de diálogo por parte del ejecutivo salteño. Los críticos aseguraron que las faltas podrían estar relacionadas con problemas de salud, situaciones personales o conflictos laborales, y que la cesantía es una medida desproporcionada y punitiva.
El Gobierno de Salta, por su parte, defiende la legalidad y legitimidad de la medida, y garantizó que se han respetado los derechos de los docentes sancionados. Las autoridades sostienen que se les brindó la oportunidad de presentar sus descargos y justificaciones, y que se analizaron cada uno de los casos de manera individual.
La polémica por la cesantía de los docentes en Salta pone de manifiesto una problemática habitual en el sector educativo, y plantea interrogantes sobre el futuro de las relaciones laborales y la calidad del sistema de enseñanza. La decisión del Gobierno provincial marca un precedente y genera incertidumbre sobre las políticas que se implementarán en el futuro para abordar el problema del ausentismo docente.
