Una nueva polémica sacude a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) luego de que una auditoría oficial detectara sobreprecios de hasta un 4239% en la compra de insumos ortopédicos destinados al sistema público. El informe, elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación, compara valores de mercado con facturas emitidas al Estado y concluye que las diferencias resultan “injustificables”.
La investigación apunta principalmente a contrataciones vinculadas a andadores, sillas de ruedas, prótesis y otros elementos ortopédicos de alto costo. Según trascendió, el análisis detectó maniobras millonarias que habrían beneficiado a un reducido grupo de empresas proveedoras durante los últimos años.
En este contexto, esta semana comenzarán nuevas indagatorias judiciales impulsadas por el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello. Uno de los primeros en declarar será Osmar Caballi, exdirector general de ANDIS durante parte de la gestión de Alberto Fernández y socio mayoritario de Farma Salud, firma que habría obtenido contrataciones cercanas a los $7.900 millones.
También fueron citados integrantes de la familia Sagués, dueños de la ortopedia homónima, además de empresarios vinculados a otras firmas investigadas como MED-EL, Ortopedia Alemana, New Farma y Profarma. La Justicia sospecha que existió un esquema de contrataciones direccionadas para prestaciones de alto costo dentro del organismo nacional.
Desde el Gobierno nacional aseguran que el objetivo es avanzar sobre posibles hechos de corrupción y revisar en profundidad el funcionamiento de la ANDIS. Mientras tanto, el caso vuelve a poner bajo la lupa el manejo de fondos públicos destinados a personas con discapacidad y genera fuerte impacto político a nivel nacional.
