La investigación por las presuntas pensiones truchas en el departamento Anta incorporó nuevos elementos que podrían resultar clave para el avance de la causa. Durante una serie de procedimientos realizados en distintas localidades de la zona fueron secuestrados estudios médicos, radiografías y documentación que ahora se encuentra bajo análisis judicial.
Los allanamientos se realizaron en nueve inmuebles ubicados en Joaquín V. González, Gaona y El Quebrachal. Las medidas fueron ordenadas por la Justicia Federal y ejecutadas por personal de Gendarmería Nacional en el marco de una pesquisa que busca determinar la existencia de una estructura dedicada a obtener beneficios sociales de manera irregular.
La causa por las pensiones truchas investiga una presunta maniobra mediante la cual se habrían utilizado certificados médicos y diagnósticos apócrifos para justificar solicitudes de pensiones no contributivas por invalidez. Entre las patologías que aparecen reiteradamente en los expedientes bajo sospecha figuran afecciones severas de columna y casos vinculados a la enfermedad de Chagas.
Uno de los hallazgos que más llamó la atención de los investigadores fue el secuestro de una importante cantidad de radiografías de tórax y columna. Según trascendió, muchas de ellas presentaban características similares y algunas incluso tendrían espacios sin completar para incorporar posteriormente los datos de los supuestos pacientes.
La investigación sobre las pensiones truchas también apunta a determinar si determinados estudios clínicos fueron reutilizados para respaldar expedientes de distintas personas. Además, se analiza la posible existencia de documentación médica adulterada y la eventual participación de profesionales vinculados al sistema de salud.
A partir de las nuevas pruebas obtenidas, la Justicia evalúa ampliar la cantidad de imputados en la causa. La pesquisa, que comenzó a fines de 2024 y se profundizó durante 2025, busca establecer responsabilidades dentro de una presunta organización que habría operado en distintas localidades del departamento Anta para gestionar beneficios sociales de manera fraudulenta.
Las evidencias recolectadas en los recientes procedimientos continúan siendo analizadas y podrían derivar en nuevas medidas judiciales dentro de una de las investigaciones más importantes vinculadas al otorgamiento irregular de pensiones truchas en la provincia.
