En 2022, el año en que la vicepresidenta Cristina Kirchner fue condenada por corrupción en la obra pública santacruceña, la organización Transparencia Internacional encendió otra señal de alarma sobre la institucionalidad en el país. Como ya ocurrió el año pasado, Argentina volvió a ser evaluada con una baja nota en materia de transparencia en el Índice de Percepción de la Corrupción, que mide todos los años el desempeño de los países a nivel global.
Transparencia Internacional, que publicó el ranking esta mañana desde sus oficinas en Berlín, ubicó a Argentina al mismo nivel que otros países de la región como Brasil, pero algunos escalones por debajo de Chile y Uruguay, los mejores puntuados de Sudamérica. La gestión de Alberto Fernández sólo consiguió 38 puntos sobre los 100 posibles y quedó ubicado en el puesto 94 entre los 180 países evaluados.
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“Lamentablemente se sigue percibiendo a Argentina como un país con un alto nivel de corrupción y esto se relaciona con el bajo interés de los gobiernos. Si se sigue insistiendo con las mismas prácticas y normativas no van a existir cambios en materia de transparencia y anticorrupción”, aseguró Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, el capítulo argentino de Transparencia Internacional.
Aunque obtuvo los mismos puntos que el año pasado en la evaluación, Argentina subió del puesto 96° al 94° del ránking por cambios de otros países. Las comparaciones fuera de región ubican al país al mismo nivel que Marruecos, Etiopía y Moldavia, que tienen una ubicación similar en la lista. “No se han llevado adelante políticas innovadoras en materia de lucha contra la corrupción. El tema no está dentro de la agenda pública del gobierno”, indicó Poder Ciudadano en su informe.
Marcelo Bermolen, Director del Observatorio de Calidad Institucional de la Universidad Austral, fue tajante con los resultados de la medición: “Argentina vuelve a ser aplazada en la lucha anticorrupción, en un marco de estancamiento, anomia y luchas internas de poder. Es el crudo testimonio de otro año perdido. Fracaso completado con la reciente salida de Félix Crous como titular de la Oficina Anticorrupción, institución que en la práctica depende del propio poder al que debe controlar y reduce su accionar a meras recomendaciones”.
Desde Poder Ciudadano remarcaron que Argentina “adeuda una gran reforma” de la Ley de Ética Pública y también modificaciones en la ley de compras y contrataciones. La Oficina Anticorrupción (OA) envió a la Casa Rosada hace más de seis meses un proyecto para realizar una reforma integral sobre esta norma clave -que fue sancionada hace 20 años- para la transparencia en el Estado, pero la iniciativa no fue presentada todavía en el Congreso. La renuncia de Crous a la OA, que se ejecutó hace semanas, extiende las dudas sobre el futuro de este proyecto que había sido consensuado durante meses con organizaciones de la sociedad civil.
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La ONG, sin embargo, reconoció algunos avances del Gobierno en la agenda anticorrupción, como las políticas de integridad en el Ministerio de Obras Públicas, especialmente lo relacionado al Mapa de Inversiones y el Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y Entidades impulsado por la OA. “Si bien algunas prácticas han mejorado la transparencia, como por ejemplo en el Ministerio de Obra Pública, o las normativas de acceso a la información pública, aún estamos lejos de un impacto relevante en el sistema de integridad”, afirmó Secchi.
El Índice de Percepción de la Corrupción se difundió esta mañana mientras en el Senado comienza el tratamiento del juicio político a los jueces de la Corte Suprema, un caso de máxima relevancia institucional para el país. “Un aspecto preocupante ha sido el enfrentamiento constante entre el Gobierno y la justicia que terminó con el pedido de juicio político”, remarcaron desde Poder Ciudadano.