La Argentina presentó un pedido formal ante la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, para que reevalúe la disposición que obliga al país a entregar correos electrónicos y mensajes de distintos funcionarios nacionales en el marco del caso YPF. El planteo apunta a evitar que se expongan conversaciones privadas que, según las autoridades, no estarían directamente vinculadas al proceso judicial.
La medida había sido dispuesta a mediados del mes pasado y contempla la entrega de mensajes de WhatsApp, correos electrónicos y otros registros de funcionarios actuales y anteriores, como Luis Caputo y Sergio Massa. En este contexto, la defensa argentina busca frenar el alcance de la resolución, argumentando que la utilización de palabras clave como YPF o “Aerolíneas Argentinas” no justifica acceder a comunicaciones privadas de manera indiscriminada.
Según trascendió, si la jueza Preska rechazara el planteo, el país podría avanzar con una apelación, lo que prolongaría el litigio que ya se encuentra en una etapa compleja. Los demandantes, encabezados por los fondos Burford Capital y Eton Park, mantienen su objetivo de ampliar las pruebas que respalden su acusación contra el Estado argentino, luego del fallo que condenó al país a pagar una cifra millonaria.
El eje de la estrategia de los demandantes es sostener que empresas estatales como YPF, el Banco Central, Aerolíneas Argentinas, ENARSA y el Banco Nación funcionan como una extensión directa del Estado argentino. De ser aceptada esta postura, se habilitaría la posibilidad de embargar activos de estas compañías para cubrir el fallo estimado en 16.000 millones de dólares, algo que Argentina busca evitar por todas las vías legales disponibles.
La definición sobre este nuevo pedido aún está en manos de la magistrada Preska, quien tendrá que evaluar la pertinencia de entregar las comunicaciones requeridas o aceptar los argumentos de la defensa argentina. Mientras tanto, el litigio internacional continúa generando tensión, ya que involucra no solo a la petrolera estatal sino también a varias de las principales compañías públicas del país
