En el marco del proceso participativo abierto por el Ministerio de Seguridad y Justicia, el Colegio de Abogados de Salta presentó un documento institucional en el que objetó la postulación de López Viñals para continuar como juez de la Corte. La impugnación fue dirigida al ministro Gaspar Solá Usandivaras y sostiene que la renovación de su mandato iría en contra de la Constitución reformada en 2021.
La presentación del Colegio de Abogados recordó que la modificación del artículo 156 de la Constitución Provincial estableció un límite temporal improrrogable de diez años para los jueces de Corte. En ese sentido, advirtió que López Viñals, ya habiendo ejercido un mandato de seis años, no podría iniciar uno nuevo sin contradecir esa cláusula. La entidad remarcó que esta regla fue pensada para garantizar la alternancia, limitar el poder personal y fortalecer la independencia judicial. 
Desde el Colegio también se citó una acordada de la propia Corte, firmada en febrero de este año, donde se fijó el cese obligatorio de jueces inferiores que alcanzaran los 70 años. Esa disposición fue interpretada como una aplicación inmediata del nuevo marco constitucional, y utilizada para argumentar la imposibilidad de excepciones. Según el planteo, mantener la coherencia implica aplicar el mismo criterio para todos los magistrados, incluyendo a quienes integran la máxima autoridad judicial.
Además del Colegio, el Foro de Observación de la Calidad Institucional de Salta (FOCIS) también se pronunció en contra de la continuidad de López Viñals en la Corte. La organización recordó su desempeño anterior como procurador general, etapa cuestionada por la falta de transparencia y eficacia en el Ministerio Público. Entre los antecedentes más polémicos se mencionó su rol en el caso del crimen de las turistas francesas, investigación que luego fue severamente observada por la Corte Suprema de la Nación.
Las objeciones institucionales convergen en una misma advertencia: no se trata de personas, sino del respeto irrestricto a la Constitución reformada por voluntad política y ciudadana. Tanto el Colegio de Abogados como el FOCIS remarcaron que la aplicación selectiva del derecho debilita la legitimidad de las instituciones.
