Policiales/Local

Con golpes de puño, algún objeto contundente, armas de fuego o armas blancas son los elementos y las formas para perpetrar homicidios en Salta. De los últimos tres, uno fue femicidio, y dos de los tres fueron perpetrados con cuchillos. El otro, a golpes de puño y presuntamente por ahoracamiento. Cerca de las 3 de ayer un joven de 28 años salió furioso de su casa en Orán hacia la vivienda de otro sujeto y regresó con un puñal clavado en el tórax, murió antes de ingresar a su casa en el barrio 6 de Enero de San Ramón de la Nueva Orán.

Un sangriento y despiadado ataque terminó con la muerte de una persona, en esta oportunidad se trató de un hombre de 28 años quien fue identificado por la Policía provincial como Juan Figueroa. Por el homicidio los investigadores lograron la

detención de dos hombres y dos mujeres, una de ellas menor de edad y luego del control de legalidad correspondiente, serán imputados hoy por el delito de homicidio calificado. En el caso intervino la Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas de Orán desde donde enviaron las primeras diligencias de rigor.

Antes de la intervención fiscal fueron los uniformados de la subcomisaría 9 de Julio de Orán quienes interceptaron el alerta y se desplazaron hasta el lugar. Intervino también la división Infantería, personal de Criminalística que trabajó en el levantamiento de pruebas y relevamiento de testigos entre otras acciones. Lo primero que observaron los uniformados de la subcomisaría fue que antes del ingreso a una vivienda, en el pasaje Los Robles entre Colón y España, en el barrio 6 de Enero, un hombre estaba tirado en el suelo boca arriba.

La ambulancia del Samec llegó hasta el escenario donde yacía el joven de 28 años y constató su muerte producto, según se pudo saber, de haber sido lesionado con un arma blanca en la zona del tórax.

El crimen

Fuentes investigativas consultadas por El Tribuno sostuvieron que el hombre víctima del asesinato se habría puesto "furioso" luego de que familiares se acercaran a su casa en el barrio 6 de Enero para decirle que un sujeto había manoseado a su prima. Sin dudar, Figueroa salió en busca del hombre señalado por los alertantes y se dirigió hasta la casa de éste.

El 31 de julio el joven Enrique Rodríguez (18), fue asesinado en la vía pública en Tartagal, el crimen fue cometido con un arma blanca y por el hecho caratulado como homicidio simple un hombre fue detenido. Esa misma jornada, el 31 de julio en horas de la noche, Rocío González (26) fue asesinada a golpes, aún no confirmaron si también fue ahorcada, se trató del octavo femicidio en lo que va del año y ocurrió en el barrio Solís Pizarro de Salta capital. Ayer, a las 2.40, Juan Figueroa (28) fue ultimado con un arma blanca en San Ramón de la Nueva Orán.    

La víctima llegó hasta la casa de uno de los detenidos y comenzó a reprochar el accionar ilícito que habría tenido con una familiar suya. Las fuentes indicaron que en ese momento se trenzaron en una lucha y al regresar Juan Figueroa tenía en su cuerpo un puñal en la zona del tórax. No llegó a ingresar y cayó desvanecido en la puerta de su casa.

Alertados, los policías fueron en busca de los supuestos causantes del asesinato y detuvieron a dos hombres: S.R. de 35 y J.O.S., de 42 años, quienes serán imputados por el crimen en perjuicio de Figueroa.

Desde la Fiscalía solicitaron distintas tareas técnicas como fotografías del lugar y el cadáver, planimetría, inspección ocular y recolección de indicios, entre otras.

En la mañana de hoy, la Justicia llevó a cabo un allanamiento de las oficinas del PAMI ubicadas en inmediaciones de la PLAZA 9 DE JULIO, en el marco de una investigación por la supuesta retención indebida de sueldos a los empleados del organismo nacional y que habrían tenido como destino a La Cámpora.

De acuerdo a las primeras informaciones, se habrían llevado computadoras de la Dirección Ejecutiva y de Mesa de Entrada. 

Hace pocos días, las declaraciones de exgerente del PAMI de Orán, Embarcación y El Carril dispararon un escándalo al indicar que se les retenía un 20% del sueldo ‘para La Cámpora‘. 

Los trabajadores del PAMI aseguran que las últimas noticias fueron tan solo la gota que rebalsó el vaso y apuntan a una gestión que sería tan ineficaz como la de Vera. Entre las acusaciones, figura el nombramiento de otros militantes de La Cámpora y hasta la designación de su propia hermana en el organismo. También cuestionaron el estado y el uso de los móviles por ‘personas que no trabajan en el PAMI‘, además de que varios de los autos ‘no llegan a la cochera‘.

La injusta e impracticable medida había sido impulsada por uno de sus beneficiarios directos -el Procurador General Abel Cornejo Castellanos- que al sentirse molesto por las protestas callejeras de los Peñalva y por sus posts en las redes sociales, tomó la decisión de mandar a su subordinado -el fiscal Molinatti- a acusar a los hermanos de un fantasioso delito de amenazas.

La resolución de Zunino, dictada a la medida de Cornejo, ha sido ahora revocada casi en su totalidad por el Tribunal de Impugnación, que, en líneas generales, considera que las duras medidas impuestas por el binomio Zunino-Cornejo a los hermanos Peñalva son «confusas», hasta el punto de impedirles su cabal cumplimiento.

Se ha de recordar que entre los «adherentes» a las medidas cautelares restrictivas se encuentran el exgobernador provincial Juan Manuel Urtubey y su extensísima familia.

El Tribunal de Impugnación ha dejado subsistente la prohibición de acercamiento físico de los Peñalva a los jueces y fiscales «protegidos», pero ha razonado que esta prohibición no puede practicarse en la Ciudad Judicial. En este punto en concreto, el Tribunal dice que la prohibición de acercamiento «tiene como finalidad resguardar a las personas que aparecen como víctimas del delito de amenazas -jueces y fiscales- lo que claramente está cubierto en los edificios públicos del Poder Judicial y Ministerio Público Fiscal, ya que estos lugares se encuentran dotados de cámaras de vigilancia, como así también de personal de seguridad privada y pública -empresa Guardián y la Policía de la Provincia-, no solo en áreas comunes sino también en sus propias dependencias».

De acuerdo con la misma resolución, los recursos y dispositivos de seguridad de la Ciudad Judicial «tienen el deber de velar por su seguridad, por lo que podría afirmarse que en sus lugares de trabajo» (los jueces y fiscales) «gozan de un plus de protección contra posibles ataques». Y razona jurídicamente en consecuencia afirmando que «desde esta perspectiva, resultaría, cuando menos, inconveniente hablar de la imprescindibilidad de la medida que requiere la norma (Art. 102 del C.P.P.)».

Pero es que ni Cornejo ni Zunino han hecho ningún esfuerzo por precisar los alcances de la medida cautelar contra los Peñalva y el Tribunal de Impugnación les ha pasado factura por ello.

Dice el Tribunal que «la situación apuntada pudo razonablemente resultar confusa para el impugnante (los Peñalva), puesto que su cumplimiento no se encuentra claramente establecido. En primer lugar, no se sabe dónde comienza a regir la prohibición de acercamiento, tampoco se determinó el grupo familiar de los damnificados, ni cuáles serían los domicilios a resguardar».

Aunque el Tribunal de Impugnación no menciona esta circunstancia en su sentencia, parece claro que la intención de Cornejo-Zunino era la de imponer una suerte de prisión domiciliaria encubierta a los Peñalva, ya que cualquier salida de su casa les exponía a ser encarcelados inmediatamente por desobediencia judicial.

Añade el Tribunal de Impugnación que «ante este desconocimiento generalizado de las personas que se pretende proteger con la medida -familiares y domicilios particulares- torna absolutamente incierto su acatamiento por parte del o los obligados».

No ha corrido mejor suerte la prohibición cautelar de «ejercer actos de violencia psíquicos» (sic), por cuanto el Tribunal de Impugnación dice que esta medida «adolece de la misma falta de determinación que se viene advirtiendo». Es decir que, en su arrebato autoritario, Zunino-Cornejo no han especificado adecuadamente quiénes son los sujetos protegidos por tal prohibición. Dice el Tribunal de Impugnación en este sentido que «las consideraciones vertidas por la defensa resultan atendibles, puesto que, como bien se refiere, si su representado lleva adelante alguna conducta, deberá posteriormente a su realización comprobarse si aquella encuadra en una figura penal y, en su caso, iniciar las acciones que pudieran corresponder».

En suma, un varapalo judicial al autoritarismo fiscal y un pequeño paso adelante en el reconocimiento del derecho a la libertad de expresión de las víctimas de graves delitos cometidos en el territorio de la Provincia de Salta.