La exdirectora de la Mujer de Tartagal, dos empleadas y el hijo de una de ellas serán juzgados por el delito de concusión. Según la investigación, exigían un “retorno” de 10 mil pesos a mujeres que ingresaban al programa Acompañar, destinado a mujeres y personas LGBTI+ en situación de violencia de género.
La jueza de revisión Mariela Catalano elevó a juicio la causa contra Carla Antonella Cordero —exdirectora de Asuntos de la Mujer y Diversidad del municipio de Tartagal durante el mandato de Mario Mimessi—, junto a las empleadas Celeste Abigail Robles y Sandra Mabel Domínguez, acusadas de concusión agravada.
La investigación sostiene que exigían dinero de forma indebida a beneficiarias del programa Acompañar, financiado por el Estado Nacional. También fue imputado Lautaro Tomás Hurtado, hijo de Domínguez, acusado de haber prestado su cuenta bancaria para recibir transferencias ilegales.
Cómo operaba la maniobra
De acuerdo a la acusación del fiscal federal Marcos Romero, las imputadas pedían 10 mil pesos de “retorno” a mujeres que accedían al plan social en Tartagal. Si alguna se negaba o dejaba de pagar, era dada de baja del programa mediante alteraciones en el sistema.
Las pruebas reunidas incluyen:
- Testimonios de beneficiarias que denunciaron la exigencia de pagos.
- Transferencias bancarias periódicas a cuentas vinculadas con las funcionarias y con Hurtado.
- Denuncias presentadas por concejales de Tartagal, una diputada nacional y otras actuaciones derivadas de medios locales.
La fiscalía consideró acreditado que Cordero, Domínguez y Robles usaron su posición en la Dirección de la Mujer y Diversidad de Tartagal para extorsionar a beneficiarias vulnerables. En tanto, Hurtado, aunque no era funcionario, habría actuado como intermediario, facilitando su cuenta bancaria y cobrando un porcentaje por garantizar acceso al programa a su círculo cercano.
Elevación a juicio y posibles penas
La jueza Catalano rechazó los planteos de las defensas y sostuvo que las evidencias reunidas son suficientes para llegar a debate oral. La fiscalía adelantó que pedirá penas de hasta cuatro años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, dado que se trata de delitos contra la Administración Pública.
El caso reviste gravedad institucional, ya que los fondos involucrados provenían del Estado Nacional y estaban destinados a mujeres y personas LGBTI+ en situación de violencia de género.
Contexto del caso
La causa se inició el 17 de noviembre de 2022 tras la denuncia de una beneficiaria del plan. A partir de allí se sumaron otras víctimas y se involucró al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, que aportó la nómina de más de 2.400 beneficiarias en Tartagal. Con informes de AFIP, Banco Central y entidades financieras, la fiscalía corroboró las transferencias irregulares y la operatoria denunciada.
