Este miércoles 2 de julio entró en vigencia en Salta la Ley Provincial N° 8495, que introduce importantes reformas al Código Contravencional N° 7135, con el objetivo de endurecer las sanciones para quienes permitan que animales sueltos que deambulen en la vía pública, rutas, plazas o terrenos privados sin autorización.
La nueva legislación sobre los animales sueltos, sancionada por la Legislatura el 22 de mayo y promulgada por el gobernador Gustavo Sáenz mediante el Decreto N° 368, fue publicada hoy en el Boletín Oficial y ya se encuentra vigente.
Entre las modificaciones más destacadas se encuentran las nuevas penas contempladas en los artículos 66, 67, 68 y 71 del Código: se establece arresto de 60 a 120 días o multas económicas para los propietarios, poseedores o tenedores de animales que circulen libremente. En caso de que se trate de ganado mayor, la pena se incrementa en un tercio.
Además, si los animales sueltos ingresan a campos vecinos, la sanción será aplicable incluso si no provocan daños. Si el propietario no retira el animal en un plazo de cinco días hábiles tras ser notificado, se procederá a su comiso y subasta pública, conforme a la Ley 7838. Los fondos obtenidos se destinarán al fortalecimiento de los servicios policiales afectados a esta problemática.
También se prevé el cobro adicional por manutención de los animales secuestrados, que deberá ser abonado por el dueño por cada día de retención. En paralelo, el Ministerio de Seguridad y Justicia podrá celebrar convenios con organismos nacionales, provinciales y municipales como la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Vialidad, Corredores Viales, Defensa Civil y la Policía, para reforzar la aplicación de la ley.
Otro punto relevante es la obligación del Estado de implementar canales accesibles de denuncia para que los ciudadanos informen la presencia de animales sueltos, y promover medidas de prevención y control desde el Poder Ejecutivo.
Con esta normativa, Salta busca dar una respuesta firme a una problemática que genera accidentes viales, conflictos entre vecinos y riesgos sanitarios, apuntando a la responsabilidad de los propietarios y la protección de la comunidad.
