En una nueva acción conjunta entre el Gobierno de Salta y el Poder Judicial, se llevó a cabo una reunión estratégica para profundizar el combate contra el juego ilegal, con foco en las apuestas por internet y su impacto en sectores vulnerables, especialmente los menores.
El encuentro fue encabezado por el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada, y el procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella. También participaron fiscales especializados en ciberdelitos, como el juego ilegal,y delitos económicos, y representantes del Ente Regulador del Juego de Azar (Enreja).
“La educación no es sólo para quienes participan del juego online, sino también para las familias y los entornos sociales”, remarcó Villada durante la reunión.
Concientización, regulación y control
Además de la problemática del juego ilegal, la Provincia reafirmó su compromiso con un marco regulatorio estricto, que incluye la prohibición de participación de menores de edad en plataformas digitales de juego y el impulso de campañas de concientización sobre el daño que estas prácticas pueden generar.
Durante la reunión también se analizó el cumplimiento de la resolución 110-25, que promueve el juego responsable, establece límites claros para los operadores habilitados y prohíbe el acceso de menores a sitios de apuestas, además de asegurar que lo recaudado sea reinvertido en acciones comunitarias.
Además, se destacó el rol del control cruzado para evitar el lavado de dinero, una de las problemáticas más comunes asociadas al juego ilegal, y se enfatizó la necesidad de continuar trabajando en prevención, educación y compromiso institucional.
Compromiso multisectorial
Entre los asistentes estuvieron presentes la fiscal de Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo; la fiscal de Delitos Económicos, Ana Inés Salinas Odorisio; y el coordinador de fiscales, Pablo Rivero. Por Enreja participaron Aníbal Caro, Adrián Amén y Rodrigo Monzo; y por el Ministerio de Seguridad, Oscar Loutayf.
Todos coincidieron en que el abordaje del juego ilegal debe ser integral y sostenido, articulando los esfuerzos de organismos judiciales, regulatorios, educativos y sociales para reducir su impacto en la población.
