Una fuerte polémica se generó en Cafayate tras la realización de una fiesta privada en la Quebrada de las Conchas, una zona considerada área natural protegida. El caso tomó relevancia luego de la difusión de imágenes del evento y la sospecha de que se habría llevado a cabo sin las autorizaciones correspondientes.
El episodio ocurrido en Cafayate sumó un nuevo capítulo cuando desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable advirtieron que el documento presentado como permiso no fue emitido por el organismo competente. A partir de esta situación, se iniciaron actuaciones administrativas y se radicó una denuncia para esclarecer lo sucedido.
Desde el Gobierno provincial fueron categóricos sobre lo ocurrido en Cafayate y señalaron que la supuesta autorización carece de validez. El secretario de Ambiente, Alejandro Aldazábal, aseguró que su firma habría sido falsificada y afirmó que no autorizó ninguna actividad en ese sector, lo que agravó el conflicto.
En paralelo, la Municipalidad de Cafayate también avanzó con una presentación formal y remarcó que el evento se realizó en un espacio donde rigen normativas específicas de preservación ambiental. La intendenta Rita Guevara explicó que hubo consultas previas por parte de los organizadores, aunque no se completaron los procedimientos exigidos.
El caso en Cafayate puso nuevamente en discusión el control sobre las actividades en áreas protegidas. La legislación vigente exige evaluaciones de impacto ambiental y autorizaciones formales antes de cualquier intervención, especialmente en zonas de alto valor ecológico como la Quebrada de las Conchas.
Mientras avanza la investigación en Cafayate, también surgieron voces en defensa de los organizadores, quienes sostienen que contaban con permisos para realizar la celebración. Sin embargo, especialistas advierten que este tipo de eventos puede generar consecuencias negativas en ecosistemas frágiles, reavivando el debate sobre el uso de estos espacios.
