El Gobierno nacional ha presentado una denuncia penal que revela que "casi el 50%" de los comedores que recibían asistencia estatal durante la gestión anterior no existen realmente.
La denuncia del Gobierno, interpuesta por "incumplimiento a los deberes de funcionario público" y "fraude a la Administración Pública", expone una serie de irregularidades en la gestión de los programas sociales relacionados con la alimentación. Durante la administración de Alberto Fernández, el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Daniel Arroyo, Juan Zabaleta y Victoria Tolosa Paz, estaba encargado de esta área.
Según las auditorías realizadas por el Ministerio de Capital Humano, solo se pudieron relevar el 52,3% de los comedores asistidos anteriormente. El 47,7% restante no pudo ser verificado debido a diversas razones, como el cese de sus actividades, datos de preinscripción incorrectos o direcciones inexistentes. Se destacan casos emblemáticos, como el comedor "Gauchito Gil", que en realidad resultó ser un barrio privado.
La denuncia del Gobierno nacional subraya la falta de controles sobre los fondos estatales destinados a estos programas sociales, advirtiendo sobre el riesgo de que la ayuda alimentaria no llegue a quienes más la necesitan.
Se critica la falta de supervisión durante años en los que los comedores estuvieron "matriculados" en el Registro Nacional de Comedores Comunitarios (RENACOM), sin que se verificaran actas por parte de los organismos estatales correspondientes.
