El Gobierno Nacional presentó un escrito ante la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, solicitando que se revoque la orden que obliga a entregar mensajes de WhatsApp y otras comunicaciones pertenecientes a actuales y exfuncionarios argentinos. La medida forma parte del juicio iniciado por Burford Capital, vinculado a la expropiación del 51% de las acciones de YPF en 2012.
En su argumentación, el Gobierno Nacional aseguró que no tiene en su poder los dispositivos requeridos por el tribunal estadounidense, dado que se trata de bienes personales. Además, se remarcó que la Constitución argentina impide que el Estado tenga control sobre esa información, por lo que consideran que la orden judicial es improcedente.
La Procuración del Tesoro había anticipado que se evaluaban medidas legales para enfrentar esta solicitud de discovery, a la que calificaron de inédita. El documento presentado explica que los demandantes no lograron demostrar que la Argentina posee, custodia o controla los elementos solicitados, un requisito clave en la normativa estadounidense.
En este contexto, el Gobierno Nacional remarcó que los chats y cuentas personales de los involucrados no pueden ser considerados propiedad del Estado. Las presentaciones legales indican que los dispositivos pertenecen exclusivamente a los funcionarios y exfuncionarios, por lo que no corresponde exigir su entrega bajo la actual legislación nacional.
El litigio se originó a partir de la expropiación de YPF durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, cuando el Estado declaró de utilidad pública las acciones en manos de la petrolera española Repsol. Desde entonces, fondos especulativos reclaman indemnizaciones ante la justicia norteamericana, lo que derivó en esta disputa por la privacidad de las comunicaciones.
