La Cámara de Diputados aprobó en la madrugada de este jueves el Presupuesto 2026 y el proyecto de Inocuencia Fiscal, aunque no logró avanzar con la derogación de las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario. El texto, que obtuvo media sanción, será ahora analizado por el Senado, donde los libertarios buscarán revertir el rechazo legislativo.
Se trata del primer Presupuesto que podría aplicarse durante la gestión de Javier Milei, luego de que en los últimos dos años el gobierno recurriera a prórrogas del plan de gastos e ingresos de 2023. Para aprobar el texto general, La Libertad Avanza contó con el respaldo de varias fuerzas políticas, entre ellas el PRO, la UCR, el MID, bloques peronistas provinciales y diputados de diversas provincias como Salta, Misiones, Neuquén, Santa Cruz y San Juan.

Por su parte, Fuerza Patria, Encuentro Federal y la izquierda se opusieron al proyecto, mientras que Provincias Unidas se abstuvo. Sin embargo, algunos de los aliados iniciales del oficialismo decidieron no acompañar el artículo 75, que buscaba eliminar las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario, lo que generó tensiones durante la votación. La UCR se mostró dividida: tres diputados votaron a favor, uno en contra y dos se abstuvieron.
El plan presupuestario oficial estima un crecimiento económico del 5% del PBI, con una inflación anual proyectada del 10,1% y un tipo de cambio que rondaría los 1.423 pesos a fin de 2026. El Gobierno proyecta un superávit primario del 1,5% del PBI y un superávit financiero del 0,2%, además de un incremento del 10,6% en las exportaciones. El texto también elimina las metas mínimas de financiamiento en educación, ciencia y defensa, lo que generó críticas de la oposición, que calificó las proyecciones de “poco realistas”.
El debate se centró en la votación por capítulos, una estrategia del oficialismo para aprobar el artículo polémico junto con otros temas como subsidios al gas, deudas de CAMMESA y actualización de prestaciones por discapacidad. La oposición rechazó esta modalidad y reclamó votación nominal artículo por artículo, pero la moción oficialista se impuso con 130 votos a favor y 112 en contra.

El presidente de la Comisión de Presupuesto, Bertie Benegas Lynch, defendió el proyecto destacando la necesidad de reducir el gasto público antes de pensar en la baja de impuestos. Según explicó, mantener el equilibrio fiscal es “un principio moral” y aseguró que el Gobierno había logrado sostenerlo incluso sin un presupuesto formal en los años anteriores.
En contraste, los legisladores opositores cuestionaron que el Presupuesto favorece ajustes y caída del consumo, alertando sobre el impacto en la industria y la desigualdad. La votación del capítulo que incluía la derogación de las leyes de emergencia terminó con 123 votos en contra, 117 a favor y 2 abstenciones, lo que impidió que el oficialismo elimine esas normativas.
El resultado abrió interrogantes sobre la estrategia del Gobierno en el Senado, donde podrían introducir modificaciones al texto antes de que vuelva a Diputados, según indicaron referentes del oficialismo consultados por medios locales.








