Actualidad Nacional

En el recurso en queja que presentó el lunes ante la Corte Suprema de Justicia para pedir su absolución en la causa Vialidad, Cristina Kirchner adelantó que en caso de que el máximo tribunal rechace sus argumentos y confirme su sentencia, recurrirá a organismos internacionales.

Según pudo saber TN, la defensa de la expresidenta, encabezada por Carlos Beraldi, analiza realizar presentaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en segundo término, Amnistía Internacional.

Sobre la exvicepresidenta de Alberto Fernández pesa una pena a seis años de prisión por irregularidades en la asignación de obras viales al empresario Lázaro Báez, que para la Justicia representó una pérdida para el Estado de más de $85 mil millones.

Para intentar evitar que quede efectiva la prisión -que podría ser domiciliaria ya que Cristina Kirchner tiene 72 años- la exmandataria llegó en queja a la Corte. Pero si el máximo tribunal decide no hacer lugar a su recurso extraordinario o confirma su sentencia, la defensa de la titular del PJ tiene un recurso más: llegar a organismos internacionales de derechos humanos.

Allí planteará que durante el proceso judicial, es decir, la investigación, posterior elevación a juicio y el debate se produjeron “graves violaciones a las garantías convencionales” lo que podría “comprometer al Estado Argentino en el plano externo”.

Es que la defensa de Cristina Kirchner entiende que hubo connivencia entre la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción (OA) durante el gobierno de Mauricio Macri con los jueces y fiscales que la investigaron y posteriormente juzgaron. Esto también formará parte de la prueba que se presente.

Ante los organismos internacionales la defensa de Cristina Kirchner hará foco en el rol que supuestamente tuvo el Estado argentino para que la Justicia la condena en el expediente en el que se encontraron diversas irregularidades en obras públicas del sur del país.

En el caso Vialidad Cristina Kirchner fue condenada por fraude al Estado a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. La fiscalía de Diego Luciani, y la del fiscal ante la Cámara Villar entienden que se debe sumar la figura de asociación ilícita y llevar esa pena a 12 años.

Si la Corte da su visto bueno para que se juzgue ese delito, esto retrasaría todo el proceso porque entonces el caso volvería a instancias de tribunal oral y mientras tanto no quedará efectiva la pena ya impuesta de 6 años. “Se debe volver a juzgar todo”, dijo una fuente judicial.

Se espera que al igual que lo hizo ante la Corte, CFK sostenga que hubo una incorrecta interpretación y lectura de la prueba por parte de la Justicia, como ocurrió -dice su defensa- con el decreto 54/2009, al que los magistrados le asignaron supuestas irregularidades durante el juicio.

En este sentido, la defensa de Cristina Kirchner sostiene que “jamás se impartieron directivas para beneficiar a contratistas del Estado”.

Por otra parte, la exjefa de Estado planteará que no se le dio tratamiento a las pericias sobre obras y otros contratistas que pidió. “El tribunal juzgó a Cristina Kirchner por supuestos sobreprecios sin haber hecho una pericia sobre la cuestión”, se quejaron en el entorno de la exvice.

En su presentación, el abogado Beraldi también recusó al juez de la Corte Manuel García-Mansilla, designado en decreto en comisión por el gobierno de Javier Milei, lo que para el kirchnerismo fue una violación a la Constitución Nacional. “El referido personaje, en la audiencia pública oficial ante el Senado de la Nación celebrada el 28 de agosto del año pasado, había declarado, ante el requerimiento específico de una Senadora, que jamás aceptaría ser designado por decreto”.

Para arremeter contra el integrante de la Corte, Cristina Kirchner utilizó declaraciones que formuló el propio Javier Milei, cuando la semana pasada había sostenido que Cristina Kirchner iba a terminar presa. “Lo repitió varias veces con certeza absoluta y en forma agresiva… casi como dando una orden. Esto repercute en forma directa en la situación de un juez nombrado en comisión quien ha sido emplazado en el cargo”.

Según indicó Rudy Ahmad Sudrajat, jefe de la agencia de narcóticos de Bali, los oficiales de la Agencia Nacional de Narcóticos de Indonesia recibieron un aviso de inteligencia y detuvieron a la mujer poco después de que aterrizara en el aeropuerto internacional Ngurah Rai de Bali desde Dubái, el 25 de marzo a las 18.

La droga estaba envuelta en varios condones y el método de contrabando utilizado fue la inserción vaginal. Pruebas de laboratorio confirmaron que se trataba de cocaína, indicó el diario IDN Times.

La sospechosa, identificada por sus iniciales G.E., admitió que había viajado desde México para entregar la droga y que le habían prometido un pago de 3000 dólares a cambio. También señaló a un hombre británico, que fue luego detenido en una casa de huéspedes en el vecindario de Kerobokan en el distrito de Badung el mismo día.

La mujer llevaba la droga oculta en su vagina.

La mujer, que trabajaba como peluquera, permanecerá detenida mientras avanza el proceso judicial en Indonesia, donde se sanciona severamente a quienes trafiquen a partir de cinco gramos de cocaína.

Sudrajat afirmó que se sabe que la red de drogas tiene como objetivo a turistas extranjeros en áreas populares de Bali. “Todavía estamos llevando a cabo la investigación para descubrir la red internacional de cocaína en Bali y detener su distribución”, expresó Sudrajat.

La mujer dijo que un ciudadano británico, que también fue detenido, le prometió 3000 dólares por trasladar la droga.

El país, la mayor economía del Sudeste Asiático y la nación con la mayor población musulmana del mundo, castiga el tráfico de drogas con penas que incluyen entre 5 y 20 años de cárcel, la cadena perpetua o la pena de muerte por fusilamiento.

Según la Red Contra la Pena de Muerte en Asia (ADPAN, en sus siglas en inglés), hay más de 500 personas en el corredor de la muerte en el archipiélago indonesio, incluidos 96 extranjeros. Muchos fueron condenados por narcotráfico.

Un brasileño, el último sudamericano ejecutado en Indonesia
El último reo sudamericano ejecutado en Indonesia fue un brasileño acusado de narcotráfico, Rodrigo Gularte, ejecutado en 2015 a pesar de las reiteradas peticiones de clemencia por parte de Brasilia.

Según indicó la BBC, la pena fue cumplida por un pelotón de fusilamiento en una isla prisión del centro de Java, donde también fueron ejecutados otros siete condenados más procedentes de Australia, Nigeria e Indonesia. 

El ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, volvió a criticar la política cambiaria del Gobierno de Javier Milei. Ahora advirtió que si los dólares provenientes del Fondo Monetario Internacional (FMI) se utilizan para intervenir en el precio de la divisa corre riesgo el proceso de desinflación. “Lo que natura non da, el FMI non presta”, tituló una publicación en su  blog personal, que cuestiona la estrategia económica del titular de Hacienda, Luis Caputo.

“Pensar en el uso de las reservas externas conseguidas a través de los organismos financieros internacionales para intervenir en el mercado cambiario e inducir o mantener una apreciación exagerada del peso (también llamado vulgarmente atraso cambiario) es contraproducente y puede significar el fracaso del proceso de desinflación”, señaló el ex ministro de Economía.

El autor de la Convertibilidad propone una transición hacia un mercado de cambios con competencia de monedas y libertad para el movimiento de capitales, y una comunicación más convincente.

“La simple continuidad del manejo cambiario y el uso de reservas que pertenecen a los depositantes de dólares en el sistema bancario para intervenir tanto en el mercado cambiario oficial como en los mercados pseudo libres (CCL y MEP) no conduce a consolidar el clima de desinflación”, expresó Cavallo.

Pidió entonces una “definición clara de las reglas a la que se sujetaran las políticas monetaria y cambiaria debe ser parte integral del programa que se acuerde con el FMI. El gobierno está en condición de hacerlo con éxito”, destacó, sin embargo, Cavallo.

Coincidió con Milei en que el objetivo final de la organización cambiaria “es un mercado único y libre de cambios, con el dólar y el peso como monedas convertibles, es decir sin restricciones”.

Pero, explicó que el “funcionamiento actual del sistema monetario y cambiario está todavía lejos de ese ideal”. “Hay multiplicidad de mercados y ninguno es completamente libre. Los mercados CCL y MEP enfrentan tantas restricciones como el mercado oficial y el Banco Central interviene en todos ellos utilizando reservas”, subrayó en su escrito.

Cavallo se refirió entonces a la volatilidad que le llegó 1.200 millones de las reservas solo en marzo al Banco Central. “Argumentar que se pasará del actual sistema a un mercado único y libre de cambios sin ningún sobresalto cambiario y con el tipo de cambio oficial ajustándose al 1% mensual para llegar a un tipo de cambio unificado y fijo puede tener el efecto no deseado de generar desconfianza”, dijo.

Por esa razón “es imprescindible que el gobierno explique cómo será el tránsito de la situación actual al mercado único y libre de cambios con competencia de monedas”.

“En la transición es inconducente razonar con el paradigma del tipo de cambio fijo”, destacó y recordó que “todos los planes de estabilización exitosos incluyeron al menos un período inicial de tipo de cambio fijo y de que, además de equilibrio monetario y fiscal, el proceso de desinflación requiere fijación del tipo de cambio y excluir cualquier sobresalto cambiario”.

Indicó que la expectativa de que en el futuro las exportaciones energéticas, minerales, agropecuarias y de industrias basadas en el conocimiento “van a generar abundancia de dólares y fuerte acumulación de reservas” colisiona con otros factores.

Puso el caso de la Convertibilidad donde desde su inicio “se eliminaron de cuajo al inicio mismo del plan de estabilización” las retenciones a las exportaciones y elevados aranceles a la importación, al tiempo que “existía completa libertad para el movimiento de capitales”, lo cual generaba confianza.

La diferencia con el control del tipo de cambio que acompañó al plan de estabilización de Milei-Caputo-Bausili “es que para sostenerse requirió y sigue requiriendo uso de reservas escasas del Banco Central y se basa en el sostenimiento de un tipo de cambio que no es único ni libre”.

Si para el comienzo del mercado único y libre “ya no existe inercia inflacionaria, lo más conveniente probablemente será ir a una flotación a la peruana”.

Ese esquema “atenúa el efecto de shocks externos, pero requiere que el Banco Central tenga reservas como para evitar las fluctuaciones cambiarias que corran el riesgo de espiralizarse”.

“La comunicación de los cambios por el momento ha sido confusa y hace pensar que la palabra final la tiene el FMI. Es una lástima, porque si es como dice (el viceministro de Economía, José Luis) Daza, eso no es así. Un gobierno como el del presidente Milei que procura hacer cambios profundos debe comunicarlo con convicción. En ese caso el FMI seguramente acompañará la decisión del gobierno argentino”, cerró.