Una investigación federal permitió desbaratar una organización de hackers acusada de comercializar información sensible obtenida ilegalmente de organismos estatales y plataformas oficiales. La banda operaba principalmente a través de canales de Telegram donde ofrecía bases de datos vulneradas, historiales clínicos, antecedentes penales y accesos a cuentas personales.
La causa comenzó en octubre de 2025 y estuvo a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, que ordenó distintas tareas de inteligencia y análisis criminal para identificar a los integrantes de la estructura y determinar cómo funcionaba la red de hackers.
Con el avance de la investigación, los especialistas lograron detectar cuentas y bots automatizados utilizados para ofrecer y distribuir información privada de ciudadanos argentinos. Entre los datos comprometidos aparecían registros del RENAPER, historiales médicos del sistema sanitario nacional, dominios vehiculares, antecedentes penales y accesos a plataformas como Mi Argentina y PAMI.
Según la investigación judicial, la organización de hackers utilizaba herramientas digitales diseñadas específicamente para vulnerar sistemas y extraer información sensible que posteriormente era comercializada en mercados ilegales. Las autoridades también detectaron el uso de billeteras virtuales y plataformas de criptomonedas para mover el dinero generado por las maniobras ilícitas.
Los investigadores sostienen que gran parte de los datos robados eran utilizados después para cometer otros delitos, entre ellos estafas virtuales, amenazas, extorsiones y maniobras fraudulentas que afectaban tanto a particulares como a instituciones públicas y privadas.
A través del análisis de conexiones IP, trazabilidad financiera y evidencia digital, la Policía Federal logró reconstruir parte de la estructura operativa de los hackers y establecer vínculos con otra organización criminal transnacional desarticulada durante 2025, conocida bajo el nombre de “Dictadores”.
Con las pruebas reunidas, la Justicia federal ordenó once allanamientos simultáneos en distintos puntos del país, entre ellos Paraná, Córdoba, Chaco, San Juan, La Rioja y la Ciudad de Buenos Aires. Como resultado del operativo fueron detenidos cinco hombres, una mujer y un menor de 15 años.
Durante los procedimientos, las fuerzas federales secuestraron teléfonos celulares, computadoras, notebooks, discos rígidos, dispositivos de almacenamiento, tarjetas bancarias y distintos elementos considerados clave para avanzar sobre el funcionamiento de la red de hackers.
Ahora la Justicia intenta determinar el alcance total de las filtraciones, la cantidad de personas afectadas y si existieron nuevos accesos ilegales a bases de datos oficiales utilizadas para alimentar mercados clandestinos de información en Argentina.
