Actualidad Local

Este martes se llevará a cabo una cumbre de intendentes de Salta donde tratarán el pedido de los gremios estatales de equiparar los salarios de los empleados públicos municipales con los de la provincia y también debatirán la estrategia para llevar adelante un reclamo unificado ante la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) por los aumentos en el boleto interurbano.

En la sede del Foro de Intendentes de la provincia de Salta analizarán el contexto económico actual, marcado tanto por la falta de fondos, que se traduce en recortes a distintas áreas, como por la licuación de los salarios simultánea a los incrementos constantes de los precios de bienes y servicios esenciales.

En este contexto, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) pidieron una paritaria salarial para los empleados municipales que equipare al aumento del 9% que otorgó el gobierno de Salta a los estatales con la liquidación del mes de febrero. Los jefes comunales ya plantearon la imposibilidad de cumplir con este pedido y proponen delinear una propuesta salarial en conjunto para todos los municipios. También dialogarán con los gremios y les explicarán la situación de crisis que afrontan, en busca de que las medidas de fuerza no escalen en cada localidad.

Por otro lado, los intendentes de Salta debatirán la estrategia para llevar adelante un reclamo unificado ante la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) por los aumentos del boleto interurbano que consideran desmedidos. El servicio de colectivos del interior aumentó un 220% desde el pasado jueves y algunos pasajes llegan a representar el 18% de un Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Los jefes comunales pedirían al Gobierno de Salta que se le permita a los municipios contar con servicios propios para competir con las líneas de transporte del interior, la mayoría sin concesionar y con escasa regulación a la hora de fijar las tarifas que abonarán los usuarios.

El diálogo con el gobernador de Salta Gustavo Sáenz es fluido y constante, manifestaron los intendentes. A finales del año pasado, en consonancia con la provincia, aplicaron medidas para lograr el equilibrio fiscal y económico en cada comuna. Aunque se redujeron los gastos, producto de la contracción económica también disminuyeron los ingresos. Informa Voces Críticas.

El municipio de Salta está realizando la entrega de certificados que validan las licencias de conducir en Salta ante la falta de insumos para su impresión. Voces Críticas en diálogo con Matías Assenatto mencionó como es y de qué manera se realiza este trámite provisorio.

Assennato, Secretario de Tránsito y Seguridad Vial, mencionó que debido a que no ingresaron por parte de Nación insumos para la impresión y emisión de los plásticos, en su lugar desde el municipio implementaron la entrega de certificados de validación de licencias de conducir en Salta.

Esta medida provisoria permite que muchos salteños puedan continuar utilizando sus vehículos y circulando con total normalidad hasta que se pueda gestionar el trámite como corresponde normalmente.

Según la ley nacional de tránsito no se admiten las licencias en formato digital, siempre es necesario tener la licencia de conducir en formato de plástico. Por ello, desde la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, aclaran que “no están con demoras en el trámite de renovación”, sino que es únicamente la falta de insumos para producir las licencias. 

Además, aclaró para la tranquilidad de los conductores que se ven damnificados por la falta de plástico, que la gestión del certificado es un soporte de legalidad a las licencias digitales que estén cargadas en la app Mi Argentina.

Un juez salteño hizo lugar a un amparo presentado por el padre de un niño con autismo y ordenó al IPS (Instituto Provincial de la Salud de Salta) cumplir con la totalidad de las prestaciones y reintegros solicitados. De esta manera, se da cumplimiento a la ley vigente, que insta a las obras sociales a garantizar la cobertura integral de las personas con discapacidad . 

El caso corresponde a un niño con diagnóstico de autismo, retraso mental leve y epilepsia que requiere diversos tratamientos para su rehabilitación. La disputa con IPS surgió cuando la obra social no reconocía la totalidad de las prestaciones al valor establecido por los profesionales que brindaban la atención.  

Mientras la obra social local tomaba un valor referencial particular, los prestadores presentaban presupuestos de honorarios a nivel nacional. Finalmente, el paciente debía pagar las diferencias para acceder a las consultas. Ante ello, su padre acudió a la justicia y presentó una acción de amparo. 

Alfredo Gómez Bello de la Sala Quinta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial fue el juez interviniente en el caso. En su resolución apeló al derecho a la salud, de rango constitucional, y señaló que IPS incurrió en una “dilación indebida” que afectaba al  pleno desarrollo del niño en cuestión. De esta manera, dio lugar al amparo y ordenó a la obra social cumplir con la totalidad de las prestaciones requeridas y realizar el reintegro de los montos abonados por la familia. 

Ahora, el niño tendrá garantizada su atención integral que implica la asistencia de una maestra especial, acompañante terapéutico, fonoaudiología, psicopedagoga, psicomotricidad, psicopedagogía, transporte especial ida y vuelta desde el domicilio hasta los centros terapéuticos y kinesiología. De la misma forma, estas prestaciones podrán ampliarse por pedido o instrucción de los médicos de cabecera del paciente.

Ests episodio judicial no es aislado, se da en el marco de una proliferación de demandas a obras sociales por incumplimientos en la cobertura de personas con discapacidad. Asi lo confirmó recientemente a Voces Críticas Solange Cannuni, abogada de Amparar Estudio Legal. En este sentido, recordó que están amparadas por la Ley 24901 y que las obras sociales deben cubrir al 100% su atención. De lo contrario, se puede accionar por vía administrativa o judicial, como este último caso contra el Instituto Provincial de la Salud de Salta.

La jueza Victoria Mosmann sancionó con una multa diaria de 500 mil pesos al presidente de Aguas del Norte, Ignacio Jarsún, por incumplimientos en el Plan de Acción que se debía seguir para el saneamiento del río Arenales.

Así lo informó el abogado de vecinos y vecinas que viven en la ribera del río, Pedro Arancibia, quien indicó que la sanción corre desde fines de diciembre pasado y “asciende a la fecha a 35 millones de pesos”, aunque la cifra seguirá creciendo hasta que se cumplan las órdenes judiciales.

Arancibia que se había solicitado multas diarias de un millón de pesos pero la jueza resolvió que sea de la mitad. 

En un comunicado, el abogado añadió que “la resolución judicial llega luego de los numerosos e insistentes reclamos por parte de los representantes legales de vecinos afectados por la contaminación y peligros de inundaciones”.