Existen casos en los cuales las cosas no resultan claras ni mucho menos justas cuando a la hora de salvaguardar los bienes o intereses de algún grupo de personas, la justicia media y talla, pero el resultado es como el título de aquella canción: “Con sabor a nada”
Todavía están frescas las imágenes de una Patricia Argañaraz vencida, en la sala de juicio, recibiendo una condena a seis años de prisión por haber liderado -propiamente ese es el término- una operación que terminó en una estafa a los afiliados de la Agremiación Docente Provincial durante su mandato como secretaria general. Más allá, impertérrita, Marita Cerezo, ex tesorera del gremio, escuchaba asimismo su condena como cómplice de tal delito.
Lejos habían quedado aquellos días en que el perfume de la Argañaraz la precedía en su ingreso al gremio, mientras una compañía de empleadas corría a preparar el mate, acomodar el escritorio y rendir pleitesía a la soberbia de aquella mujer. Apenas a cien metros de su despacho, una oficina pequeña y lúgubre, fagocitaba el dinero de los ilusionados afiliados que iban a pagar su sueño de un terreno y una casa.
Como se sabe, todo terminó en escándalo y condena, pero el fideicomiso Virgen de Urkupiña I sigue siendo una herida abierta para cientos de docentes salteños. A pesar de la condena judicial a las exdirigentes de la ADP, la tan ansiada justicia sigue siendo una quimera para los damnificados, quienes ahora enfrentan un nuevo atropello que profundiza el perjuicio. La reparación en términos reales, no existe, y al parecer tampoco existirá.
Es que lejos de acercar a los estafados una reparación, la resolución del juez Pablo Muñoz, tiene más de burlesco relato que de solución justa y equitativa. En efecto, la dicha resolución del magistrado convoca a los damnificados hacia una nueva frustración, ya que ordena que aquellos que, en el año 2017, abonaron el total del terreno ahora deben desembolsar otros $ 500.000 adicionales para poseer el dominio real. En los hechos, si se quiere, sería pagar el diploma de estafados.
Pero peor destino les aguarda a quienes no habían completado el pago, ya que les será reembolsado un monto a “valores históricos”, apenas unos papeles pintados, podría decirse, al lado de lo que en su momento pagaron, porque ese dinero no contempla ninguna actualización en orden a la inflación que sufrió el país en estos años. En los hechos, lo que el síndico, Rafael Peñalva ha establecido como montos de devolución resulta una arbitrariedad, más allá de que tampoco se les ha brindado a los estafados ninguna explicación sobre cuál habría sido el destino de los montos mal habidos.
Apenas comenzado el periodo lectivo, las maestras víctimas de estas maniobras se afanan en juntar hasta el último peso del monedero para procurarse la mejor presencia en las aulas, munirse de los útiles necesarios, mientras los abogados que dicen defenderlas, Flavia Calvente y Eduardo Romani, pasan por la escena en una suerte de “mutis por el foro”, según dicen, con una actuación muy poco convincente, ya que en vez de luchar por una reparación justa, su intervención parece destinada a facilitar un acuerdo que perjudica a quienes buscan recuperar lo que les corresponde.
Así, el caso del fideicomiso, Virgen de Urkupiña I, se convierte en un símbolo de la impunidad en la provincia. La condena a las exdirigentes de la ADP no ha significado una verdadera restitución para las víctimas, y la justicia, en lugar de ofrecer soluciones reales, ha generado una nueva instancia de despojo. El sistema, que debería proteger a los ciudadanos, termina favoreciendo a quienes encontraron en la burocracia judicial una vía para perpetuar el abuso.
Los docentes, principales afectados, ven cómo el tiempo transcurre sin respuestas satisfactorias, obligados a aceptar condiciones leoninas o resignarse a perder su dinero. La pregunta que queda flotando en el aire es hasta cuándo seguirán siendo víctimas de un mecanismo que, disfrazado de legalidad, sigue sin ofrecerles verdadera justicia.
