En medio del creciente avance de proyectos impulsados por la oposición en el Congreso, el Gobierno de Javier Milei analiza convocar a un grupo selecto de gobernadores provinciales para reencauzar el diálogo institucional. La iniciativa, que podría concretarse después del 9 de julio, apunta a recomponer el vínculo con el poder territorial, justo cuando los aliados del oficialismo comienzan a marcar distancia en temas sensibles como jubilaciones, discapacidad, financiamiento universitario y el esquema de coparticipación.
Desde Casa Rosada aclararon que no hay fecha definida para la reunión con los mandatarios provinciales, pero reconocen que se están realizando contactos bilaterales por vías remotas. El objetivo es evitar que escale la tensión que se generó tras las últimas sesiones parlamentarias, en las que legisladores vinculados a las provincias dieron quórum o firmaron dictámenes de proyectos que irritan al Ejecutivo.
“No nos consta que haya sido una decisión de ellos dar quórum. Muchos legisladores pueden tener interés en estos temas en particular”, deslizó un funcionario nacional, intentando bajar el tono del conflicto sin apuntar directamente a los mandatarios provinciales.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sería quien encabece esta nueva instancia de negociación con los gobernadores, posiblemente acompañado por el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. El esquema previsto es similar al fallido encuentro de hace dos semanas, cuando participaron Raúl Jalil (Catamarca), Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Claudio Vidal (Santa Cruz) y la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto.
Los gobernadores, sin embargo, ya manifestaron su malestar en reiteradas oportunidades: desde comunicados conjuntos de la llamada “liga de mandatarios”, hasta reclamos concretos por el reparto de fondos, la caída de la recaudación y la necesidad de modificar el impuesto a los combustibles. Incluso, tras la última reunión en el Centro Federal de Inversiones (CFI), trasladaron su incomodidad directamente a la Casa Rosada. La respuesta oficial fue una contrapropuesta que consideraron insuficiente.
Esta semana, los chispazos se transformaron en hechos concretos. En Diputados, se trató la emergencia pediátrica en el Hospital Garrahan con apoyo de legisladores provinciales. Y en el Senado, la Comisión de Presupuesto dictaminó a favor de varios proyectos adversos al plan fiscal del Gobierno, entre ellos la mejora de las jubilaciones, la emergencia en discapacidad, el reparto automático de los ATN y la reforma al impuesto a los combustibles.
En Casa Rosada temen que estos avances desemboquen en una nueva sesión especial en el Senado, donde la relación con la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, atraviesa su peor momento. Si la oposición logra forzar una convocatoria, podrían avanzar en otros temas sensibles para el Gobierno libertario.
Aunque Milei ya adelantó posibles vetos a las leyes que considere contrarias a su plan económico, el Ejecutivo sabe que necesitará del respaldo de los gobernadores en ambas cámaras para sostener esos vetos. “No es la primera vez que hay diferencias”, reconocen en el entorno presidencial. Pero la presión crece, y el Gobierno, aunque evita mostrarse apurado, sabe que deberá sentarse nuevamente a negociar con los actores clave del federalismo.
