Una extensa investigación de la Fiscalía Federal de Salta dictaminó con la imputación de ocho internos de la Unidad Penitenciaria Federal N° 10 de General Güemes y de la pareja de uno de ellos, desarticulando una red de narcotráfico que operaba desde el interior del penal. La causa, calificada como de "gravedad institucional", pone en tela de juicio la seguridad y el control dentro del sistema penitenciario, señalando la presunta complicidad o inacción del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
La organización desbaratada está acusada de comercializar estupefacientes agravada por la cantidad de personas involucradas y por llevarse a cabo dentro de un centro de detención. Rubén "El Patrón" Rodríguez, oriundo de Orán, fue identificado como el cabecilla de la banda narcocriminal, mientras que su pareja, Analía Astigueta, también de Orán, era la encargada de ingresar la droga durante las visitas. En un eslabón paralelo, Eusebio Bilaja, quien cumplía prisión domiciliaria en esa misma ciudad, acondicionaba la cocaína que luego ingresaba al penal.
El origen de la causa judicial
La investigación se sustenta en una sólida base probatoria, que incluye escuchas telefónicas, un video registrado dentro de una celda donde los reclusos fraccionaban estupefacientes, y otro captado por un dron en el momento en que los internos descartaban celulares y envoltorios de cocaína al advertir un allanamiento. Estos elementos, sumados al secuestro de más de 250 teléfonos celulares, cocaína, marihuana, pastillas, balanzas de precisión y dinero en efectivo, configuraron un panorama elocuente de la magnitud de la red delictiva.
Los allanamientos realizados en Orán, tanto en la casa de Astigueta como en el domicilio de Bilaja, permitieron incautar computadoras, un rifle, documentación sobre movimientos financieros y elementos para el procesamiento de la droga, lo que refuerza la hipótesis de una organización vinculada al narcotráfico con una estructura bien definida y ramificaciones fuera del penal. La investigación se inició a raíz de la fuga de un interno en enero de 2024, lo que evidencia la vulnerabilidad del sistema penitenciario y la necesidad de reforzar los controles.
El fiscal federal denunció que toda esta actividad ilícita se desarrollaba "bajo las narices, o con complicidad" del personal penitenciario, lo que agrava aún más la situación y exige una investigación exhaustiva para determinar el grado de responsabilidad de los agentes del SPF. Los antecedentes de varios de los imputados son alarmantes, con condenas por narcotráfico, secuestro o robo, lo que revela el perfil de los integrantes de esta red delictiva.
Decesión Judicial
Ante la gravedad de los hechos, la jueza Giménez ordenó la prisión preventiva de todos los acusados y dispuso su traslado a diferentes unidades penitenciarias del país, con el objetivo de resguardar la investigación y evitar cualquier tipo de interferencia desde el penal de Güemes. El caso pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los controles y la seguridad en las cárceles, así como de investigar a fondo la posible complicidad del personal penitenciario en este tipo de delitos.
