Locales

Las provincias tabacaleras plantearon ante la Comisión de Economías y Desarrollo Regional de la Cámara de Diputados, la necesidad de la recomposición de los recursos del Fondo Especial del Tabaco para dar viabilidad a una producción de enorme incidencia social y económica.

Dirigentes del sector tabacalero de las 7 provincias productoras de Argentina, participaron de la reunión de la Comisión de Economías y Desarrollo Regional de la Cámara de Diputados de la Nación, donde plantearon la angustiante situación que vive la actividad, producto de la considerable disminución en la recaudación de los recursos del Fondo Especial del Tabaco, por el crecimiento en el mercado local que han experimentado las marcas de cigarrillos que no tributan la totalidad del esquema tributario fijado por ley, en todo el territorio nacional. Además, se expresa la necesidad de incorporar a ese esquema tributario, los demás productos derivados del tabaco que se comercializan en nuestro país.

La Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) dispuso modificar el cuadro tarifario que se había aprobado a inicios de agosto para el transporte de pasajeros  interurbano. La fecha de inicio del nuevo esquema es el próximo viernes 18 de noviembre. La primera resolución establecía que la fecha en la que se iba a aplicar el aumento iba a ser el 12 de diciembre.  

Para la aplicación de esta decisión la AMT consideró los pedidos de las empresas operadoras del interior de la provincia de Salta, que justificaron el pedido en el nuevo  incremento del costo salarial producto del nuevo acuerdo partidario entre la UTA y FATAP.  AMT había otorgado un incremento escalonado, aplicándose el primer aumento en agosto, y el segundo tres meses después. 

Las empresas deberán publicitar el nuevo cuadro tarifario, tanto en medios de difusión en general, como en el interior de las unidades y en los lugares de venta de pasajes y/o boletos. Para más información sobre el cuadro tarifario se puede ingresar a la página web www.amtsalta.gob.ar

Es que con fecha 9 de noviembre y desde la Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación, Guido Antonio Varas, Coordinador del Fondo Especial del Tabaco remitió misiva al presidente de la Cámara del Tabaco de Salta, Esteban Lacroix, con el siguiente texto:

"Tengo el agrado de dirigirme a usted con el fin de invitarlo a participar en la Mesa de Trabajo de Tabaco a realizarse el día 16 de Noviembre del corriente año en curso a las 9.45 hs, en conjunto con las demás entidades representativas del sector, para continuar desarrollando las diferentes propuestas surgidas en la reunión del mes de Septiembre. La misma se llevará a cabo en la sala Microcine de la Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca. Contaremos con nuestras autoridades de AFIP, Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca y otras autoridades del Gobierno Nacional. En los días próximos, adjuntaremos el temario tentativo de la mencionada reunión.

Sin otro particular y quedando atento a cualquier otro requerimiento, lo saludo muy atentamente".

La novedad de esta reunión está dada por la presencia de funcionarios de la AFIP, donde su titular Carlos Daniel Castagneto, da muestras acabadas de que algo está cambiando en esa área tan importante y tan sensible a la generación de ingresos a las arcas del erario público que, específicamente en el sector tabacalero encuentra claramente dos sectores: los que pagan los impuestos que corresponden y en la vereda del frente los que, con argucias legales -recurriendo a fallos judiciales con medidas cautelares- logran la exención del impuesto mínimo del cigarrillo, logrando la inequidad impositiva y el reclamo de quienes si tributan.

Las esperanzas en la reunión del miércoles 16 son lógicas debido a que -por ejemplo- el 9 de noviembre, Nuevo Diario informaba con el título "Por presuntas maniobras de evasión impositiva la AFIP investiga a tabacaleras". La información aclaraba que "El organismo que conduce Carlos Daniel Castagneto presume que las maniobras fraudulentas llevadas adelante por distintos actores de esta cadena habrían redundado en un perjuicio fiscal de 1.000 millones de pesos". Evidentemente que este accionar significa que el reclamo tabacalero por los impuestos no cayó en saco roto, más aún cuando el 11 de noviembre en su cuenta de Tuit, el titular de la AFIP, Carlos Castagneto, expresó en relación al tabaco: "En seis meses tendremos un sistema digital con el que vamos a erradicar totalmente la evasión en la comercialización y la producción de cigarrillos".

Anteriormente, el 23 de septiembre en otro Tuit comentó: "Hicimos un operativo de AFIP en Tucumán donde interdictamos 20 mil toneladas de azúcar sin documentación que justificara semejante almacenamiento. El valor de mercado es de $ 2.392.680.000. No hay lugar en la Argentina para los vivos que especulan".

Estas acciones de la AFIP ponen sobre el tapete la intención de hacer lo que corresponde, por eso, quizás, sólo quizás ahora, con este funcionario en la dirección de la AFIP el sector tabacalero pueda lograr lo que viene reclamando: la equidad impositiva de todo el sector en aras del bienestar nacional y principalmente del FET.

Como dice otro refrán: "A cada chancho le llega su San Martín"; este refrán alude a que cada cual recibirá en su momento la respuesta por los actos cometidos. Si alguien ha actuado incorrectamente, tarde o temprano le llegará el momento de pagar su culpa.

Será éste el momento de esta "nueva" AFIP que en el ámbito tabacalero ¿encontró el chancho?.

Indicó que en la reunión del bloque de este lunes, se habló del tema que detonó a partir de la denuncia de “la madre de la madre de una menor supuestamente abusada” y dijo que van a esperar cómo avanza la Justicia”.

“Sabemos que el diputado Rogelio Segundo se va a presentar ante la fiscalía con su abogado, seguramente le informarán sobre la denuncia y si hay una imputación, sobre la misma”, dijo Rallé y agregó que “ante una eventual denuncia se deben esperar algunas pruebas que certifiquen que el hecho existió”.

En tal sentido, consideró que “una imputación, existiendo el derecho constitucional y la presunción de inocencia, no alcanza hasta que la justicia avance y dé indicios a la Legislatura sobre los pasos a seguir”. 

“Entendemos que si el legislador está derecho, no entorpece el accionar de la justicia y se presta a todo el proceso judicial, nosotros tenemos que esperar expectantes, nunca vamos a encubrir nada, pero sí vamos a esperar las actuaciones”, señaló Rallé.