A partir de este viernes 22 de agosto, el servicio de transporte público de SAETAen el área metropolitana de Salta no funcionará en horario nocturno.
La medida, anunciada por las empresas concesionarias, responde al atraso en los pagos de SAETA, lo que complica el cumplimiento de compromisos financieros como créditos para renovar el parque automotor y la compra de combustible.
El presidente de la empresa de transporte, Claudio Mohr, aseguró que “la interrupción por ahora se mantiene” y explicó que el atraso se debe a retrasos en la llegada de recursos económicos. “Estamos trabajando para solucionarlo a la brevedad y garantizar la prestación”, señaló.
Claudio Mohr, presidente de SAETA
En diálogo con InformateSalta, el presidente de SAETA aclaró que la suspensión afectará únicamente al servicio nocturno (0 a 5 hs), que transporta entre 800 y 900 pasajeros, mientras que el sistema diurno continuará funcionando con normalidad.
“Estamos priorizando el menor impacto, que es en el nocturno, no queremos que afecte al horario diurno donde se moviliza el 99% de la gente”, sostuvo.
Finalmente, el titular de SAETA aseguró que no se proyectan aumentos de tarifa: “Ya lo hicimos a mediados de año y no hay planes de otro incremento”, concluyó.
Tres exfuncionarias municipales de Tartagalfueron enviadas a juicio oral y público acusadas de extorsionar a mujeres beneficiarias del programa nacional Acompañar. Según la investigación, exigían dinero de manera ilegítima a cambio de permitirles acceder o continuar con el beneficio.
Las imputadas sonCarla Antonella Cordero, exdirectora de Asuntos de la Mujer y Diversidad de Tartagal; y las empleadas Celeste Abigail Robles y Sandra Mabel Domínguez. A ellas se suma Lautaro Tomás Hurtado, hijo de Domínguez, procesado como partícipe necesario por haber prestado su cuenta bancaria para recibir los pagos ilegales.
De acuerdo a la fiscalía, las maniobras incluyeron amenazas de dar de baja el beneficio si las mujeres dejaban de entregar dinero, así como la alteración de datos en el sistema para bloquear los cobros. También se comprobó que el hijo de una de las imputadas ofrecía incluir personas en el programa a cambio de un porcentaje mensual de lo percibido.
El caso se inició en noviembre de 2022 tras denuncias de víctimas en Tartagal, con el respaldo de concejales y de una diputada nacional por Salta. La juezaMariela Catalano resolvió dar lugar al pedido del fiscal federal de Orán, Marcos Romero, quien sostuvo que existían pruebas suficientes para llevar a juicio a las acusadas.
Los pedidos de pena del Ministerio Público Fiscal incluyen hasta cuatro años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Ahora será el debate oral el que defina la responsabilidad penal de las exfuncionarias y del hijo de una de ellas.
La oposición en Salta volvió a chocar contra el mismo obstáculo de siempre: Juan Manuel Urtubey y su ambición personal. En este escenario, Elia Fernández confirmó que el Frente Grande decidió retirarse de Fuerza Patria denunciando manipulación en el armado de listas y cuestionando la candidatura del exgobernador.
En entrevista con este medio, Elia Fernández explicó los motivos de la ruptura: “El frente que firmé es Fuerza Patria, el espacio que representaba el ideario de siempre, ligado a Néstor y Cristina. Pero lo que pasó en Salta no lo podemos avalar: no podemos aceptar a Urtubey como referente del espacio y que encima encabece la principal candidatura”.
La dirigente del Frente Grande dejó en claro que no apoyarán a ninguna lista en las elecciones nacionales: “Los plazos ya vencieron. Vamos a dejar que nuestros afiliados decidan a quién apoyar. En lo personal, respaldamos a Sergio Leavy, pero no compartimos que haya armado con gente como la diputada Laura Cartuccia, que boicoteó la ley de Memoria, Verdad y Justicia en la provincia”.
Las declaraciones de Elia Fernández reflejan un nuevo quiebre en el peronismo salteño y anticipan un escenario electoral fragmentado, donde la división opositora podría favorecer a La Libertad Avanza. “Los frentes están divididos y eso favorece al oficialismo libertario, que seguramente va a ganar las elecciones”, advirtió.
Finalmente, llamó a la ciudadanía a no quedarse al margen: “Que vayan a votar, que elijan al candidato que más los represente. No soy partidaria del voto en blanco, es un voto bronca. Hay que salir a la calle a reclamar justicia, no quedarse en casa”.
La exdirectora de la Mujer de Tartagal, dos empleadas y el hijo de una de ellas serán juzgados por el delito de concusión. Según la investigación, exigían un “retorno” de 10 mil pesos a mujeres que ingresaban al programa Acompañar, destinado a mujeres y personas LGBTI+ en situación de violencia de género.
La jueza de revisión Mariela Catalano elevó a juicio la causa contra Carla Antonella Cordero —exdirectora de Asuntos de la Mujer y Diversidad del municipio de Tartagaldurante el mandato de Mario Mimessi—, junto a las empleadas Celeste Abigail Robles y Sandra Mabel Domínguez, acusadas de concusión agravada.
La investigación sostiene que exigían dinero de forma indebida a beneficiarias del programa Acompañar, financiado por el Estado Nacional. También fue imputado Lautaro Tomás Hurtado, hijo de Domínguez, acusado de haber prestado su cuenta bancaria para recibir transferencias ilegales.
Mario Mimessi junto a Carla Antonella Cordero
Cómo operaba la maniobra
De acuerdo a la acusación del fiscal federal Marcos Romero, las imputadas pedían 10 mil pesos de “retorno” a mujeres que accedían al plan social en Tartagal. Si alguna se negaba o dejaba de pagar, era dada de baja del programa mediante alteraciones en el sistema.
Las pruebas reunidas incluyen:
Testimonios de beneficiarias que denunciaron la exigencia de pagos.
Transferencias bancarias periódicas a cuentas vinculadas con las funcionarias y con Hurtado.
Denuncias presentadas por concejales de Tartagal, una diputada nacional y otras actuaciones derivadas de medios locales.
La fiscalía consideró acreditado que Cordero, Domínguez y Robles usaron su posición en la Dirección de la Mujer y Diversidad de Tartagal para extorsionar a beneficiarias vulnerables. En tanto, Hurtado, aunque no era funcionario, habría actuado como intermediario, facilitando su cuenta bancaria y cobrando un porcentaje por garantizar acceso al programa a su círculo cercano.
Elevación a juicio y posibles penas
La jueza Catalano rechazó los planteos de las defensas y sostuvo que las evidencias reunidas son suficientes para llegar a debate oral. La fiscalía adelantó que pedirá penas de hasta cuatro años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, dado que se trata de delitos contra la Administración Pública.
El caso reviste gravedad institucional, ya que los fondos involucrados provenían del Estado Nacional y estaban destinados a mujeres y personas LGBTI+ en situación de violencia de género.
Contexto del caso
La causa se inició el 17 de noviembre de 2022 tras la denuncia de una beneficiaria del plan. A partir de allí se sumaron otras víctimas y se involucró al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, que aportó la nómina de más de 2.400 beneficiarias en Tartagal. Con informes de AFIP, Banco Central y entidades financieras, la fiscalía corroboró las transferencias irregulares y la operatoria denunciada.
En la última sesión del Concejo Deliberante capitalino, varios ediles se expresaron sobre lo ocurrido en diputados, donde se rechazó el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Las críticas más duras se dirigieron hacia la legisladora nacional Emilia Orozco, exconcejal de la ciudad.
La concejal Eliana Chuchuy recordó el rol de Orozco cuando formaba parte del Concejo y apuntó contra su cambio de postura en el Congreso. Según señaló, la votación en diputadosdejó en evidencia quiénes están del lado de las personas con discapacidad y quiénes, por conveniencias partidarias, decidieron sostener el veto. “Tenemos hipócritas que aquí hablaban por la discapacidad y hoy votan en contra de la ley”, expresó.
En la misma línea, Gustavo Farquharson celebró que la oposición haya logrado imponerse en la Cámara baja y cuestionó la actitud del Gobierno nacional. Sostuvo que la postura del oficialismo refleja una decisión política de no elaborar medidas concretas para el sector de la discapacidad y acusó al Ejecutivo de “actuar de manera antidemocrática”.
Por su parte, Malvina Gareca fue más allá y criticó no solo a Orozco, sino también a los legisladores Carlos Zapata y Julio Moreno. Consideró que los votos negativos en diputadosson “vergonzosos” y aseguró que la sociedad salteña no olvidará estas posturas en las próximas elecciones. “De votar en contra de los niños que necesitan medicamentos no se vuelve”, disparó.
Los concejales coincidieron en que la decisión adoptada en la Cámara representa un freno a las políticas de ajuste impulsadas por el Gobierno nacional. También remarcaron la necesidad de que el Senado acompañe el proyecto para garantizar los derechos de las familias y profesionales vinculados al sistema de discapacidad.
