Locales

La discusión sobre el federalismo y los recursos volvió al centro del debate en Salta, donde Pablo Outes señaló que las regalías actuales son insuficientes para atender las necesidades de las comunidades. La caída en el precio internacional del litio agravó la situación, dejando en evidencia que el sector minero no está aislado de las fluctuaciones globales y que la provincia requiere acompañamiento real del Gobierno Nacional.

En este escenario, Pablo Outes planteó en la Comisión de Minería que urge que la Nación apruebe los proyectos pendientes y defina políticas concretas para sostener la inversión. La falta de medidas ha generado una merma de hasta un 2% en la demanda de mano de obra, lo que afecta directamente a los trabajadores salteños y muestra la vulnerabilidad del sector frente al mercado.

El problema no solo radica en la baja de ingresos, sino en el impacto social y territorial que sufren las comunidades cercanas a los yacimientos. Sin un marco legislativo nacional que garantice equidad en el reparto, la minería corre el riesgo de transformarse en un castigo más que en un beneficio. El federalismo, en este sentido, aparece como la herramienta indispensable para evitar nuevas desigualdades regionales.

Pablo Outes advirtió que las provincias aportan recursos estratégicos al país, pero que sin respaldo en infraestructura y desarrollo se profundiza la brecha con los grandes centros urbanos. La ausencia de una mirada nacional hace que las comunidades mineras carguen solas con los costos ambientales y sociales, sin recibir una compensación proporcional a lo que producen.

Desde Salta, la advertencia es clara: la minería debe convertirse en una oportunidad de crecimiento y no en un problema estructural. Para ello, se necesita un esquema de federalismo sólido, en el que la Nación asuma un rol activo. De lo contrario, la riqueza natural seguirá generando tensiones en lugar de transformarse en bienestar sostenible para quienes viven en las zonas productoras.

La ciudad de Orán fue sede este lunes de un encuentro estratégico que reunió a autoridades provinciales y empresarios para avanzar en el desarrollo del Corredor Bioceánico. La jornada se realizó en la Casa del Bicentenario y buscó fortalecer los consensos en torno a este proyecto de integración regional.

El intendente de Orán, Baltasar Lara Gros, junto al presidente del Concejo Deliberante, Carlos Suárez, destacaron la necesidad de generar acciones concretas que impulsen inversiones, empleo y competitividad para el norte argentino. “Este es el momento de transformar al Corredor en una realidad que impacte en la calidad de vida de nuestra gente”, señaló Lara Gros.

Durante la jornada se expusieron proyectos vinculados a obras de infraestructura vial, financiamiento internacional e integración comercial con países vecinos. Entre los disertantes sobresalieron funcionarios provinciales como Julio San Millán y Martín de los Ríos, además de especialistas del Banco Interamericano de Desarrollo.

La reunión en Orán también contó con la participación de referentes de la Iglesia, Vialidad Provincial y Nacional, y representantes del Ministerio de Obras Públicas. Todos coincidieron en que el Corredor Bioceánico es una política estratégica que requiere el compromiso conjunto de los sectores públicos y privados.

Finalmente, se remarcó que este proyecto busca consolidar a Salta como un punto neurálgico entre el Atlántico y el Pacífico, potenciando economías regionales como la minería, los hidrocarburos y la producción agrícola. El desafío, señalaron, es avanzar en la ejecución de las obras que permitan transformar en hechos las oportunidades de integración. 

El pasado 6 de octubre de 2024, un hecho de extrema violencia sacudió al penal de Villa Las Rosas, donde una pelea entre internos del pabellón “C” terminó con consecuencias fatales. Según la investigación, dos hombres protagonizaron un feroz enfrentamiento utilizando armas blancas de fabricación casera, dejando un saldo trágico que conmocionó a la unidad penitenciaria.

En el desarrollo de la gresca, el imputado de 36 años atacó a otro recluso de 35, propinándole golpes brutales y múltiples heridas punzocortantes en la cabeza y en el rostro. Los testigos aseguran que el episodio dentro de Villa Las Rosas fue tan violento que requirió la rápida intervención del personal penitenciario, quienes asistieron a la víctima en estado crítico antes de su traslado a un hospital.

El herido fue derivado al Hospital San Bernardo, donde ingresó con diagnóstico de traumatismo craneoencefálico grave y politraumatismos severos. A pesar de los esfuerzos médicos, su estado no mostró mejoría y las lesiones marcaron un cuadro irreversible. El informe del Cuerpo de Investigaciones Fiscales confirmó que el ataque le produjo daños internos de gran magnitud.

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del penal y las declaraciones de los internos presentes confirmaron la brutalidad de lo ocurrido. Este material resultará clave en la causa que busca esclarecer cómo se desencadenó la pelea dentro de Villa Las Rosas y cuál fue el grado de responsabilidad del acusado en la agresión mortal.

La investigación judicial se encuentra avanzada, con la intervención del juez Eduardo Sángari, quien admitió las pruebas y fijará la fecha para el debate oral. La causa está caratulada como homicidio simple, mientras se espera que la audiencia pública exponga todos los detalles de un caso que dejó al descubierto la violencia carcelaria y la fragilidad de la seguridad en los penales salteños.

La Municipalidad de Salta avanza con medidas más duras contra quienes arrojen residuos en la vía pública. La subsecretaria de Ambiente, Emilce Arias, advirtió en diálogo con “No es una tarde cualquiera” por Aries que se aplicarán sanciones de hasta 2 millones de pesos, además del secuestro de los vehículos utilizados en la generación de microbasurales.

Arias señaló que la Municipalidad de Salta ya tiene identificados 114 puntos crónicos de microbasurales, además de los denunciados por vecinos mediante registros fílmicos y fotografías. “Cuando contamos con la patente o algún dato de identificación, se procede a la infracción correspondiente y a la aplicación de multas que marca la ordenanza”, explicó la funcionaria.

El Intendente Emiliano Durand había adelantado que, a partir de ahora, los operativos se realizarán con mayor severidad. En ese marco, Arias detalló que la Policía Rural participa en los procedimientos, dado que tiene la facultad de secuestrar los vehículos involucrados.

La subsecretaria explicó que la Municipalidad de Salta no solo aplica sanciones por la ordenanza ambiental vigente, sino que también recurre a figuras contempladas en la Ley de Tránsito que habilitan a retirar los autos sorprendidos arrojando residuos. “El intendente fue claro: los vehículos serán secuestrados cuando se los detecte tirando basura”, afirmó.

Finalmente, Arias resaltó el gasto de recursos que implica el levantamiento constante de desechos en los puntos más conflictivos. Según indicó, las sanciones se calculan en unidades tributarias y actualmente van desde los 200 mil hasta los 2 millones de pesos.